De ese tamaño
están las cosas, por medio de la PGR, el propio Presidente de la República
demandó ante la Suprema Corte al gobernador Borge y a los diputados.
Ayer se dio
a conocer que en representación del presidente Peña Nieto, la PGR presentó una
demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en contra de los Congresos estatales y de los gobernadores de Quintana Roo y
Veracruz. Con la demanda el presidente expuso de manera concreta que:
... las
reformas que aprobaron los diputados, violan los lineamientos y los principios
del sistema nacional anticorrupción, y
... que
ninguna institución y "ningún servidor público pueden estar al margen de
la ley!
De lo
anterior se desprende claramente que tanto el Congreso del Estado, es decir,
los diputados que recientemente aprobaron el paquete de impunidad, y el
Gobernador Roberto Borge, actuaron al margen de la ley.
El
gobernador de Veracruz de inmediato dio marcha atrás, pero el gobernador
Roberto Borge declaro que no ha promovido ningún sistema anticorrupción y que
su gobierno se mantendrá en cumplimiento de la Constitución Federal.
Hay cinismo
en esa declaración o, tal vez esconde el miedo del gobernador Roberto Borge, ya
que resulta obvio que él no ha cumplido con la Constitución, pues el presidente
Peña Nieto lo está demandando por violarla.
Y también es
falso que el gobernador no haya promovido ningún sistema anticorrupción, pues él
fue el promotor de las decisiones del Congreso del Estado para otorgarle
blindaje completo cuando deje el cargo, pretendiendo que con ello no pueda ser
perseguido ni enjuiciado.
Pero además,
si el gobernador Borge tuviera razón en lo que declaró...
Entonces ¿la
demanda del presidente Peña Nieto en su contra no tendría sustento?
¿Se equivocó
el presidente Peña Nieto al demandarlo?
No, desde
luego que no, Roberto Borge no tiene razón, la demanda del presidente tiene el
debido sustento jurídico, y debe tener sumamente preocupado al gobernador.
Es un hecho
inusitado, en este país que el presidente haya decidido demandar ante la
Suprema Corte a un gobernador, y debe entenderse que no sólo es porque ese
gobernador ha cometido una grave violación a la Constitución General de la
Republica, sino que, lo más grave para el gobernador Roberto Borge, es que el presidente
está dando una muestra publica de que cayó por completo de su gracia, que sus
excesos en cuanto a corrupción e impunidad no serán avalados, y que lo deja a
su suerte para que se defienda como mejor pueda cuando dentro de poco más de
dos meses, ya sin poder y, como simple ciudadano, sea acusado de los actos de corrupción
que ha cometido, en los que de nada le valdrá todo el blindaje que construyo
con los serviles diputados.
¿Y los
diputados?
... hubieron
muchas voces ciudadanas previniéndoles que lo que hacían no era correcto, y
hasta el Gobernador Electo Carlos Joaquín, les hizo ver que estaban actuando
ilegalmente, pero se empeñaron las diputadas y diputados del Estado en obedecer
las órdenes de su jefe el gobernador Roberto Borge, y ahora la Suprema Corte
les echará para atrás parte de lo que hicieron a escondidas, gastando sin
ninguna razón el dinero del pueblo en hoteles de lujo y violando los derechos
humanos de los quintanarroenses al autorizar a la policía que los agrediera con
violencia.
¿En verdad está
blindado el gobernador?
¿Los
diputados también pueden quedar impunes?
Definitivamente
no, por ejemplo, ni el gobernador ni los diputados están blindados contra el
juicio político. Tanto la Constitución Federal como la de Quintana Roo, y la
ley de Responsabilidades del Estado, establecen con claridad lo siguiente:
- El gobernador, las y los diputados, podrán ser sujetos a juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanen por el manejo indebido de fondos y recursos federales y del Estado.
- Incurren es responsabilidad política y se les impondrá juicio político al gobernador y, a las y los diputados de la Legislatura, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
- La ley establece varias causas que perjudican los intereses públicos fundamentales o afectan su buen despacho, entre ellas están las siguientes acciones:
- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes estatales.
- El manejo indebido de fondos y recursos del Estado.
- La notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas.
Habiendo
violaciones a la Constitución, como las está señalando en su demanda el
presidente Peña Nieto, y manejo indebido de fondos y recursos del Estado, ni el
gobernador ni los diputados se salvarían del juicio político, pero además, la
ley dice que cualquier persona puede presentar la denuncia y que esta no solo
puede hacerse durante el tiempo que la persona esté en el cargo, sino también
durante todo el año después que lo haya dejado.
Una más. ¿Cómo
justificaran los diputados el dinero gastado en hoteles de lujo para autorizar
el paquete de impunidad?
A la vista parece manejo indebido de recursos públicos.
Y para que
empiecen a sufrir los diputados, el blindaje que le crearon al gobernador
empieza a caerse muy pronto con la demanda del presidente Peña Nieto y,...
desde luego que se caerá por completo cuando asuma el cargo el gobernador electo
Carlos Joaquín, porque los diputados del PRI, el Panal y el PEVM, de la próxima
Legislatura, no creo que se animen a enfrentarse a él y al pueblo que lo
respalda
Mario
Villanueva Madrid.
13 de Julio de 2016
